Presupuesto Nacional 2025 | La consolidación del ajuste regresivo

El análisis de la Fundación DHI.

 

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Presentación

Presentamos este informe con el objetivo de analizar algunos aspectos centrales del Proyecto de Ley de Presupuesto enviado recientemente por el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Más allá de la representación de “Ley de leyes”, el Presupuesto define una proyección de ingresos del gobierno para el ejercicio futuro, la autorización de gastos que aspira realizar y de deuda que pretende tomar. Se trata de una hoja de ruta para el segundo año de gobierno de La Libertad Avanza.

Esta publicación reúne una serie de informes producidos desde los distintos observatorios y equipos de trabajo que integran la Fundación para el Desarrollo Humano Integral con el objetivo de generar un aporte a la interpretación de este proyecto y, en consecuencia, de la dirección política del Gobierno. En líneas generales, nuestra mirada sobre el presupuesto 2025 es que este se propone consolidar el ajuste fiscal que se está llevando a cabo en 2024, tanto en las variables macroeconómicas como a nivel de ejecución programática.

Para ello, recuperamos en primer lugar el análisis general realizado por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sobre las proyecciones macroeconómicas, resultado fiscal, gastos y recursos totales 2023-2025, gastos por finalidad y función y gastos tributarios contemplados en el proyecto de ley. Se incluye a su vez un análisis de la nueva regla fiscal, que se propone asegurar el superávit fiscal financiero, que como veremos se trata de una herramienta inflexible, mal definida e inconsistente.

En segundo lugar, se incorpora una serie de análisis comparativos por área de gobierno sobre las proyecciones realizadas sobre programas presupuestarios específicos. La selección de los programas presupuestarios analizados fue realizada por los equipos de trabajo que integran la Fundación DHI, buscando establecer una comparación exhaustiva de las proyecciones que realiza el gobierno respecto de las principales herramientas del ejecutivo para el despliegue de políticas públicas.

La metodología elegida consistió en identificar dentro de cada ministerio o áreas de gobierno los principales programas y actividades presupuestarias para el año 2023, destacando cuánto fue el presupuesto ejecutado para ese año según los datos de Presupuesto Abierto. Luego, se identificaron los programas o actividades equivalentes para los años 2024 y 2025, lo cual no resultó una tarea sencilla, ya que en muchos cambios han cambiado tanto las denominaciones como las descripciones de las actividades, programas o subprogramas, así como también las entidades o jurisdicciones donde se alojaban aquellos. Una vez realizada la equivalencia programática, se registró el presupuesto vigente para el año 2024 en Presupuesto Abierto, así como el presupuesto proyectado para 2025. Luego, se realizó la conversión de los valores a precios reales de 2024, en función de lo cual se establecieron las variaciones interanuales. En el análisis desarrollado, por último, se buscó poner el foco en la variación entre el presupuesto 2025 y el presupuesto ejecutado de 2023, ya que el año 2024 se caracterizó por un derrumbe en la ejecución del gasto, así como buscamos trazar una comparación con el último año de gobierno de la gestión anterior.

Para calcular en términos reales las partidas ejecutadas en 2023 se deflactaron sus valores según el Índice de Precios al Consumidor promedio para ese año. En cambio, para llevar a valores constantes de 2024 las partidas presupuestadas para 2025, se estimó un promedio mensual de la inflación interanual para todo el año 2025, partiendo de la base que el proyecto de ley supone una variación interanual punta a punta (es decir, de diciembre 2025 vs diciembre 2024) del 18,3%. En ese sentido, el valor de las partidas para 2025 se deflactan por un 27,45%.

La exposición de los resultados es acompañada de una lectura en clave política de la dirección que este gobierno pretende profundizar, asumiendo la discontinuidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo humano, comunitario y social. Efectivamente, el ajuste no lo paga la casta. Lejos de las promesas de campaña, hacia la mitad del mandato el ajuste lo habrán pagado las grandes mayorías: las clases medias a través de los aumentos de tarifas, los jubilados por el congelamiento de sus haberes en mínimos históricos, las clases populares vía eliminación de complementos salariales e incrementos de impuestos, entre otros.

Tal como señalamos en el reciente trabajo publicado como “La oscuridad al final del túnel: Un balance político y de gestión sobre los primeros meses del gobierno de Javier Milei“, el proyecto de presupuesto 2025 no hace más que confirmar algunas de las hipótesis allí planteadas: no es un futuro luminoso lo que se avecina, sino más bien la consolidación de la transformación regresiva que viene llevando adelante el gobierno y busca consolidar las estructuras de una Argentina excluyente.

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