• INFORME | ¿EL SISTEMA ACUSATORIO AVANZA?
• Sobre la implementación de la ley 27.063

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El Código Procesal Penal Federal sancionado en 2015 a través de la ley 27.063 se propuso reemplazar al sistema mixto vigente (inquisitivo y acusatorio), clarificando los roles de jueces y fiscales, algo que era una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, hasta la asunción del actual gobierno solo se encontraba operativo en las jurisdicciones federales de las provincias de Salta y Jujuy.

El actual Gobierno Nacional se propuso poner en marcha el sistema acusatorio en todo el territorio nacional. Se plantea como una política de Estado pero en los términos en los que se está llevando adelante no solo se pierde una oportunidad para mejorar el servicio de justicia sino que además supone una profundización de la crisis existente.

El Ministerio Público Fiscal, organismo que debe tomar un rol activo y preponderante en la investigación penal y en el diseño de la política criminal, está en una situación crítica: la independencia funcional y la autonomía financiera, aspectos básicos conferidos por la constitución no están en plena vigencia, debido a las decisiones del Gobierno de Mauricio Macri y sus decretos de necesidad y urgencia, decisión que los siguientes gobiernos tampoco se preocuparon en revertir. La falta de un Procurador General designado con el consenso que supone el acuerdo de los dos tercios del Senado debilita tanto su legitimidad como su capacidad operativa.

En el último año la implementación del sistema acusatorio se aceleró, aunque sin la planificación adecuada ni recursos suficientes y con escaso diálogo con los actores involucrados. El Ministerio Público, en paralelo, enfrenta recortes presupuestarios y falta de personal para hacerse cargo de las investigaciones de criminalidad compleja de todo el país.

Desde esta perspectiva, la improvisación en la implementación, sumada a la falta de consensos y recursos, profundiza la crisis del sistema judicial y permite augurar una puesta en marcha ineficaz de un sistema que tiene como objetivo un mayor respeto de las garantías. Restablecer la autarquía del Ministerio Público Fiscal y designar un Procurador General de acuerdo a los mecanismos constitucionales, es decir con el acuerdo del Senado, son los requisitos mínimos que la puesta en marcha de este cambio o reforma requiere para mejorar el sistema.